el salvador

Militantes de la junta directiva municipal del FMLN de San Marcos exigieron ayer transparencia en el proceso de elección de los 11 nuevos miembros que integrarán directiva y que serán electos este domingo.

“Pedimos que haya un proceso transparente y democrático. Rechazamos que hayan nombrado a los 11 directivos sin el consentimiento de los 256 militantes afiliados y que conformamos el padrón en la zona”, denunció Nicolás Casco, militante.

El sábado recién pasado, el diputado pecenista Rafael Machuca se trasladó hasta San Buenaventura, Usulután, donde el “partido de las manitas” agasajó a José Gaspar Sorto y Rafael Cárdenas, dos estandartes del Partido de Conciliación Nacional (PCN) en ese municipio.

Los diputados de la Asamblea Legislativa se dieron anoche por notificados de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, relativa a la autorización de las candidaturas independientes, y barajaban la creación de una comisión ad hoc que se encargue de revisar el fallo.

Luego de dos horas y media de lectura de la resolución, para la cual se turnaron cuatro integrantes de la Junta Directiva del parlamento, los diputados se pronunciaron sobre el fallo de la máxima instancia de justicia, la cual recalcaron respetar pero no la dejaron de cuestionar. Setenta y cinco diputados se dieron por notificados, luego que el presidente de la Asamblea, Ciro Cruz Zepeda, pidiera votar.

La reforma electoral salvadoreña no ha tenido avances sustanciales durante los primeros seis meses de este año, de acuerdo al informe de coyuntura legal e institucional presentado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

El documento, que señala la implementación de varias reformas, entre ellas las enmiendas a la Ley del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y a la Ley Especial Reguladora de la Emisión del DUI, advierte que estas no responden a un interés por fortalecer el sistema democrático.

Dirigentes de partidos políticos mostraron sus reservas sobre la propuesta de ley de partidos que plantea la realización de comicios internos para escoger a candidatos de elección popular.

Violeta Menjívar, de la Comisión Política del FMLN, no critica la decisión de regular en esta nueva legislación la elección de autoridades en cada partido político.

Dirigentes de ARENA y el FMLN acordaron ayer iniciar un proceso conjunto a favor de la gobernabilidad. En una reunión presidida por el presidente de la República, Mauricio Funes, los políticos limaron asperezas y se comprometieron a trabajar en una agenda para tomar acuerdos en las áreas de seguridad y economía.

El dominio territorial que las pandillas presumen tener en el país, se ha colado hasta en la distribución de los centros de votación residencial que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contempla en su propuesta inicial para las elecciones de alcaldes y diputados de 2012.

El Presidente Magistrado del TSE, Eugenio Chicas, explicó ayer que en colonias con mayor presencia de maras como la Montreal, de Mejicanos, en donde recientemente supuestos pandilleros de la 18 incendiaron un microbús de la Ruta 47 con personas a bordo, y en La Campanera, de Soyapango, ubicarán urnas, pero se cuidarán de que la población de una colonia donde domina una pandilla no vaya a votar a un sitio donde opera un grupo rival.

La comisión de asuntos electorales de la Asamblea Legislativa comenzó ayer la revisión de la propuesta de ley de partidos políticos elaborada por la gerencia de operaciones.

Durante la sesión de ayer, los parlamentarios de la comisión escucharon la lectura de los primeros 30 artículos del anteproyecto de ley, integrado por 90 artículos en total.

La propuesta de ley de partidos políticos, que prepara el Ejecutivo, será consultada con el estamento político y otros sectores de la sociedad civil, manifestó ayer el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Francis Hasbún.

“Ese es un anteproyecto que necesita consulta... desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la Subsecretaría de Gobernabilidad, está teniendo ya consultas diversas para proponerlo”, explicó Hasbún.

El gobierno optó por sugerir que la estructura del actual Tribunal de Ética Gubernamental asuma la aplicación de una Ley de acceso a la información y transparencia, junto al control ético ejercido a funcionarios públicos. El borrador único del proyecto proponía crear una nueva “entidad garante” que, en última instancia, tendrá poder para dirimir conflictos sobre si determinada información es pública o reservada.
El subsecretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, explicó ayer a los diputados de la Comisión de Legislación que montar una institución nueva lleva mucho tiempo y costos para el Estado. “Que la ley se aplique depende mucho del financiamiento”, explicó. Pero el Tribunal de Ética sufriría varios cambios, según la propuesta del Ejecutivo.